Si necesitas hablar con el sistema nacional de empleo, Sepe, que gestiona y desarrolla las políticas de empleo en España, en esta página vas a poder hacerlo de manera gratuita. Te mostramos cuáles son las mejores formas de contactar a Sepe por teléfono para cita previa. Podrás hablar con los distintos departamentos que gestionan el servicio estatal Sepe, realizar gestiones o iniciar una incidencia con su departamento de atención si tienes cualquier problema o consulta. Teléfono de cita previa SEPE a continuación.
El marco del Sistema Nacional de Empleo en España se constituye por la colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los servicios equivalentes en las Comunidades Autónomas, establecido bajo la Ley 56/2003 del 16 de diciembre, referente al Empleo.
El modelo adoptado para alcanzar el objetivo de empleo pleno es uno descentralizado, permitiendo una coordinación eficaz entre los esfuerzos a nivel estatal y autonómico. Dicho sistema incluye tanto al Servicio Público de Empleo Estatal como a los Servicios Públicos de Empleo a nivel autonómico.
Se destacan como principales entes reguladores:
- La Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales
- El Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, que actúa como un órgano de consulta y participación, integrando a la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, y las entidades empresariales y sindicales más significativas.
Entre los mecanismos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo, se encuentran:
- La Estrategia Española de Activación para el Empleo, un plan con vigencia plurianual que se basa en un análisis detallado del mercado laboral para definir las directrices y metas de la política de empleo activa a nivel nacional y autonómico. Este plan incluye igualmente un conjunto de indicadores para su seguimiento y una asignación presupuestaria estimativa. La primera Estrategia Española de Empleo se implementó para el periodo 2012-2014, seguida por una para el periodo 2014-2016.
- El Plan Anual de Política de Empleo (PAPE), que especifica anualmente los objetivos de la Estrategia de Empleo.
- El Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE), que utiliza una metodología unificada entre el Servicio Estatal de Empleo y los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas, facilitando una base de datos unificada que coexiste con sistemas autonómicos de información (reemplazando al antiguo sistema SILE -Sistema de Información Laboral de Empleo-, gestionado centralmente por el anterior INEM).
En 1964, tras la promulgación de la Ley General de Educación y en el ámbito de la Educación Permanente de Adultos, se establece el primer grupo de monitores (aproximadamente 200) dentro del Programa de Promoción Profesional Obrera (PPO) del Ministerio de Trabajo. Este programa estaba destinado a la capacitación para la reconversión laboral de trabajadores, mayormente del sector agrícola, con certificaciones equiparables a un título de Formación Profesional de Primer Grado.
Para 1976, se funda el Servicio de Empleo y Acción Formativa (SEAF), heredando las responsabilidades del PPO y añadiendo a sus tareas la intermediación laboral, una función previamente manejada por la Organización Sindical. El SEAF se equipó con una red de oficinas de empleo distribuidas por todo el territorio.
Antes de la ratificación de la Constitución en 1978, los Pactos de la Moncloa facilitaron la creación del Instituto Nacional de Empleo (INEM) mediante el artículo 5 del Real Decreto-ley 36/1978, del 16 de noviembre. El INEM adoptó la estructura y funciones del SEAF, asumiendo además la administración de las políticas de empleo y las compensaciones por desempleo.
La Ley Básica de Empleo se instaura en 1980 a través de la Ley 51/1980, de 8 de octubre.
En 1984, la Ley 31/1984, de 2 de agosto, sobre Protección por Desempleo, modifica la Ley Básica de Empleo.
El Real Decreto 1458/1986, de 6 de junio (publicado en el B.O.E. el 16-07-1986), establece la estructura orgánica del Instituto Nacional de Empleo, que permanecería vigente hasta el 21 de agosto de 2008.
En 1988 se establece el Observatorio Permanente del Mercado Laboral.
El proceso de transferencia de competencias en formación desde el INEM a las Comunidades Autónomas comienza en 1992, mediante la gestión del Plan FIP.
El traspaso de la administración de las políticas activas de empleo a las Comunidades Autónomas se inicia en 1997.
En 2003, se crea el Servicio Público de Empleo Estatal, junto con los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas, formando así el Sistema Nacional de Empleo (SNE). Este acto marca la disolución del INEM.
El Real Decreto 1383/2008, de 1 de agosto, aprueba la estructura orgánica y de participación institucional del Servicio Público de Empleo Estatal, anulando el Real Decreto 1458/1986, excepto lo estipulado en la disposición adicional tercera del RD de 2008.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), un ente autónomo perteneciente a la Administración General del Estado en España, se encarga de coordinar, implementar y monitorear las iniciativas y acciones vinculadas a la política de empleo. Entre sus responsabilidades destacan la administración del empleo, el registro oficial de contratos laborales, la concesión de ayudas económicas a empresas para fomentar la contratación, y la gestión de los beneficios por desempleo. En el año 2003, adoptó su nombre actual, reemplazando al conocido Instituto Nacional de Empleo (INEM).
Las asignaciones dirigidas a los Entes que forman parte del sistema, con la excepción de aquellos derivados de la contribución a la Seguridad Social, los cuales constituyen una parte del soporte financiero estatal.
Los recursos económicos especificados anualmente en los Presupuestos Generales del Estado.
Las contribuciones por concepto de desempleo y por formación profesional, que se retiran mensualmente de los salarios de los empleados.
Ingresos provenientes de los activos del Servicio Público de Empleo.
Ayudas económicas o donativos recibidos de Organismos Públicos o de individuos y empresas privadas.
Desarrollo y colaboración en la Estrategia Española de Empleo junto con las Comunidades Autónomas, así como en la creación del Plan Anual de Política de Empleo, supervisando y evaluando su progreso.
Asignación de recursos económicos de su presupuesto a las Comunidades Autónomas para la implementación de políticas activas de empleo, incluyendo los fondos europeos destinados a este fin.
Compilación de estadísticas relacionadas con la demanda y oferta laboral, el registro de contratos de trabajo y las compensaciones por desempleo, además de realizar estudios sobre la dinámica del mercado laboral.
Registro de la notificación de contratos laborales, incluyendo aquellos realizados a través de Empresas de Trabajo Temporal. Actualmente, se registra la notificación de contrataciones ya sea presencialmente o mediante la aplicación Contrat@, utilizando XML para múltiples notificaciones.
Administración y adjudicación de prestaciones por desempleo, tanto contributivas como asistenciales, y otras ayudas económicas para desempleados que participan en políticas activas de empleo, especialmente en situaciones de crisis económica.
Manejo directo de las políticas activas de empleo que permanecen bajo la jurisdicción estatal, debido a factores territoriales como en Ceuta y Melilla, o en acciones específicas de carácter supraautonómico que requieren una gestión centralizada. Incluye la gestión de formación profesional para el empleo, principalmente para personas empleadas, a través de subvenciones a organizaciones empresariales y sindicales, así como ayudas directas a empresas por formación y permisos individuales de formación.
Ofrecimiento de bonificaciones a empresas por la contratación indefinida.
La mayoría de las tareas relacionadas con la gestión de la demanda y oferta de empleo, así como la implementación de diversas políticas activas de empleo, son llevadas a cabo por las Comunidades Autónomas.
Una crítica frecuente al INEM era su centralización excesiva y su falta de adaptación a las realidades locales, especialmente en lo referente a formación y estímulos para la contratación por parte de las empresas.
Se criticaba también la suspensión de prestaciones por desempleo por no renovar la inscripción como demandante de empleo en las oficinas. Cualquier beneficiario de estas prestaciones debe inscribirse inicialmente como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo Autonómico correspondiente y, mientras reciba la prestación, debe demostrar su disposición a trabajar y renovar su inscripción según se requiera. La falta de cumplimiento sin justificación adecuada puede conllevar sanciones.
Otra observación era la limitada intervención del INEM en el proceso de contratación. Aunque el INEM actuaba como intermediario entre empresas y demandantes de empleo, las empresas no estaban obligadas a registrar sus ofertas de trabajo en el INEM, limitando así su capacidad para presentar ofertas a los desempleados. Actualmente, el SEPE se encarga exclusivamente de gestionar las prestaciones por desempleo, ya que las competencias sobre políticas activas de empleo han sido transferidas a los servicios de empleo autonómicos.
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